Una reforma justa que permitirá mejorar los montos de las pensiones a los trabajadores de menores ingresos, pero en la que falta conocer cómo se realizará la incorporación del sector laboral informal y qué se negoció con los empresarios para que prácticamente triplicaran su aportación anual, visualizó el coordinador de Proyectos Estratégicos del Colegio de Economistas del Estado, Heliodoro Gil Corona, en relación a la propuesta de reforma al Sistema de Pensiones que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Señaló que el proyecto es coherente y la propuesta es justa para alrededor del 70% de los trabajadores formales de Michoacán que ganan menos de 4 salarios mínimos.
“Me parece una reforma justa, si alcanzaban pensiones por el orden de los 5 mil pesos porque les daban el 30%, ahora habrá un aumento, no general sino para el nivel más bajo de pensiones que se acerque al valor real; a la hora de estar jubilado, llegaría 70-80% del ingreso de cuando estaba activo”.
No obstante, el economista señaló que uno de los temas pendientes es la modificación que pudiera sufrir la aportación de los trabajadores durante la discusión de la iniciativa en el Congreso de la Unión, ya que el tope máximo de una pensión llega a los 50 mil pesos mensuales.
Además, no descartó que la negociación entre los empresarios y el gobierno federal aterrice hasta la reforma fiscal que se tiene prevista para el 2022, una vez que transcurra el proceso electoral del 2021
“Ver si en una reforma fiscal, los empresarios, pasando las elecciones del 2021, pero en la reforma del 2022, una parte de la reforma sería el compromiso que tiene el gobierno federal de que parte de la aportación que tenga sea deducible de la declaración de impuestos anual, habría que esperar, pero yo creo que pinta por ahí”.
Gil Corona, consideró que durante la conferencia de prensa, la postura “blandita” del presidente López Obrador y del resto de los asistentes, así como su insistencia en resaltar las bondades de la reforma, deja ver que “el documento fue planchado” con anterioridad.
Señaló que en el caso de Michoacán, el beneficio principal lo tendría el 70% de los alrededor de 600 mil empleados con seguridad social que tienen ingresos menores a los 4 salarios mínimos, pero insistió en que antes de hacer cualquier aseveración se requiere conocer “los detalles técnicos” de la propuesta.
