Debido a las condiciones de inseguridad que generan grupos delictivos, la Secretaría de Igualdad Sustantiva del estado (SEIMUJER), enfrenta dificultades para ingresar y prestar atención a las mujeres que sufren violencia en al menos 6 municipios de la entidad, donde se implementará el primer protocolo dirigido a orientar a las michoacanas que se encuentran ante un doble riesgo: la violencia familiar y la violencia del crimen organizado.
La titular de la dependencia, Nuria Gabriela Hernández Abarca rechazó pronunciarse a favor o en contra de la participación de las mujeres en los grupos de autodefensa hasta tener comunicación directa con ellas, pero se refirió a Aquila y Aguililla, como dos de los lugares más problemáticos.
“Los municipios sobre todo Aquila, por el Aguaje, toda esa zona es muy complejo llegar, desde llegar, hasta que las mujeres quieran hablar (…). Creo que pudiéramos hablar de unos 6 municipios, en esa situación del conflicto armado o de los conflictos en esa realidad, pero también tenemos a veces problemas para entrar a municipios de la Meseta”.
La titular de la SEIMUJER, precisó que en las zonas donde opera la delincuencia organizada, la violencia de género es mucho más fuerte, ya que “esa mujer además de ser víctima de violencia se convierte en testiga de hechos delictivos”.
Explicó que incluso las mujeres en esta condición no pueden ser resguardadas en los mismos refugios que otras víctimas de violencia, ya que pueden ponerlas en condición de riesgo.
Señaló que por ello, ya está prácticamente listo el protocolo de atención, que será el primero de su tipo en el país.
“Es muy complejo el tema de la violencia cuando lo relacionados con dos componentes, tanto la adicción como delincuencia organizada. No hay ningún protocolo en el país en ese tema, seríamos el estado de Michoacán el primero que lo saque y yo espero que a partir de ahí se hable más de este tema a nivel nacional y se generen estos refugios para estos casos específicos”.
Hernández Abarca, reveló que incluso es más difícil, encontrar a personal que quiera atender la violencia de género en los municipios que tienen presencia del crimen organizado.
