Integrantes del Sindicato Democrático y Auténtico de Trabajadores del Seguro Social (SDATSS), denunciaron el acoso laboral, como instrumento de control a los trabajadores y profesionales de la salud con sanciones, despidos injustificados o rescisiones de contratos individuales.
La secretaria nacional del sindicato, Martha Medina Gómez, detalló además que la situación laboral se maneja bajo una corrupción, mientras que con los servicios médicos y de seguridad social, se brinda la mínima respuesta a las necesidades de los derechohabientes.
En este sentido, refirió que a nivel nacional hay más de 50 mil trabajadores de la salud sancionados o rescindidos y que por diferir de las políticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se les atribuye alguna falta o negligencia para justificar su despido o destitución del cargo.
“No hay infraestructura, no hay insumos, no hay medicamentos, no hay personal. A nivel nacional, estamos hablando de más de 50 mil trabajadores sancionados o rescindidos, cualquier trabajador que difiera de la política del Instituto en automático le retiran sus derechos sindicales y entra el brazo ejecutor que son los representantes del IMSS para fincarle una desviación, una negligencia o lo que sea para rescindirles su contrato y está práctica tiene más de 10 años”.
La secretaria general puntualizó que la Universalización de los Servicios Públicos de Salud en el Programa IMSS-BIENESTAR es un decreto fallido que violenta el marco Laboral Federal, derechos, prestaciones y prerrogativas de los profesionales de la Salud.
Por tal razón, señaló que se han enviado 47 oficios dirigidos al director del IMSS, Zoé Robledo, los cuales no han tenido respuesta.
“Como secretaria general, he interpuesto 47 oficios a la oficina central del maestro Zoé Robledo, oficios que ni siquiera se ha tomado la molestia de contestar por escrito, mucho menos de recibirnos”.
Detalló que en los años 80´s eran 350 mil trabajadores de la salud para dar atención a cerca de 40 millones de mexicanos, y al 2022, se mantiene el mismo número o menos, debido a quienes han sido despedidos injustificadamente para atender a cerca de 100 millones de derechohabientes.
