Desde septiembre de 2020 he estado pugnando porque nadie pueda ejercer un cargo público si comete violencia contra su propia familia, mujeres, niñas o niños.
En la semana pasada, durante mi posicionamiento a favor de la iniciativa de reforma a los artículos 38 y 102 constitucionales, dejé muy clara mi postura:
“Hoy por primera vez observo miedo en los hombres, ese miedo que nosotras hemos sentido prácticamente desde nuestro nacimiento”.
Por eso, aquellos que han ejercido violencia familiar y/o que no cumplen con el pago de la pensión alimenticia a su cargo, deben estar inhabilitados para ejercer un cargo público.
Ya he comentado que me apropié de una frase de una investigadora de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM) quien expresó: “ya estamos cansadas de esos usos y costumbres que parecen más abusos y costumbres contra las mujeres”.
Con esta reforma exigimos a los hombres y mujeres que tienen una responsabilidad pública que estén comprometidos con la no violencia.
Un buen gobernante, si bien se forja a lo largo de una carrera de servicio público, su inicio es y será siempre: un hogar donde los padres que lo formaron, estuvieron al tanto de su educación, cumplieron sus obligaciones y le enseñaron el respeto por los demás.
Finalicé mis líneas discursivas al expresar que:
Aquellas personas que hayan ejercido violencia contra la mujer y quieran postularse a algún cargo público, vayan despidiéndose de su candidatura.
