Como parte de las implicaciones de la violencia familiar, en México cada año se presentan cerca de 900 mil solicitudes de pensión alimenticia, así como de guarda y custodia; de las que a Michoacán corresponden 50 mil, con un rezago de prácticamente la mitad, que no logran tener sentencia en un año.
La Comisionada Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres.
Fabiola Alanís Sámano, advirtió la problemática, luego que en el país, solo 10% de las sentencias judiciales se atienden conforme a las condiciones que dictaminó el juez, de ahí la urgencia que se integre el padrón de deudores alimentarios.
“A nivel nacional se ingresan anualmente cerca de 900 mil solicitudes de guarda y custodia, y pensión alimenticia, de lo que se resuelve menos de la mitad, es decir, menos de 500 mil, 450, 460 mil, que ya tienen una sentencia, pero la sentencia no se cumplimenta siempre en las condiciones en las que el juez lo dictaminó, entonces tenemos un cumplimiento de sentencia del 10%, es muy bajo”.
En entrevista, aseguró que si bien Michoacán ha tenido una disminución de “10 niveles” en los delitos de alto impacto como los homicidios dolosos, sigue sin ceder la cifra en violencia familiar, que se refleja principalmente en la demanda de guarda y custodia, así como de pensión alimenticia.
Por ello, llamó a los diputados locales a que retomen la propuesta que envió el Ejecutivo de Michoacán desde el año pasado para integrar el padrón de deudores alimentarios, que obliga también a empleadores a dar la información correspondiente.
“No hay tiempo determinado, pero depende de la lógica del Congreso y llamamos a que se retome la iniciativa del Ejecutivo, no sólo para deudores alimentarios, sino también de empleadores y empleadoras”.
Tras la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, anticipó que le tocará a la CONAVIM integrarlo y a partir de ahora lo consideran su tarea principal.
