Cuando se escucha hablar de “Calidad de Vida” se piensa invariablemente en una diversidad de conceptos que van de la dimensión social a la individual, mediciones objetivas y subjetivas sobre aspectos físicos, emocionales, educativos y laborales. Ante diversos cuestionamientos por la medición del Producto Interno Bruto como indicador de prosperidad y bienestar, surgió un amplio movimiento sobre una perspectiva social y la Organización de las Naciones Unidas, en 1954, publicó un informe sobre la definición y medición del nivel de vida en el que se incluían indicadores de salud, alimentación, condiciones de trabajo, vivienda, tiempo libre, seguridad, medio ambiente y educación.
Resultado del interés por el bienestar social y su medición, impulsado desde las ciencias sociales, que llegó a cuestionarse no sólo el bienestar material sino también si el bienestar social como base del bienestar personal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad de vida como “la percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”.
De manera general, siete son los principales factores que se tienen en cuenta para determinar la calidad de vida: bienestar emocional, riqueza y bienestar material, salud, trabajo, relaciones familiares y sociales, seguridad e integración con la comunidad. En consecuencia, cuando se habla de calidad de vida urbana se refiere al grado en que una ciudad posibilita la satisfacción de las necesidades de sus habitantes y, por lo tanto, presupone que todas estas condiciones estarán al alcance de todos los integrantes de la sociedad.
Por lo tanto, en la mayoría de las ciudades de México, la calidad de vida y bienestar social están fuertemente condicionados por la cercanía al equipamiento educativo, de salud, cultural; además de servicios básicos como agua potable, drenaje, pavimento, electricidad, transporte público y estos a su vez por el emplazamiento de la vivienda.
En otras palabras, una vivienda cuyo costo es alto, se ubicará en las zonas de mayor y mejor infraestructura urbana, cercanía de áreas verdes, establecimientos comerciales y equipamientos. Mientras que los habitantes de las zonas donde se ubican las viviendas de los sectores sociales menos favorecidos económicamente tendrán serias carencias en infraestructura, servicios, acceso a equipamientos educativos, culturales y de salud; así como áreas verdes.
La situación anterior se puede considerar resultado de una ineficiente administración pública, dado que sigue una tendencia de mejorar y consolidar las áreas urbanas donde se ubican los habitantes de mayor ingreso económico; toda vez, que el papel de todo gobierno debe ser garantizar la calidad de vida de sus habitantes, sin importar la disponibilidad de los recursos económicos de que dispongan. Tal y como acontece hoy.
