Morelia, Mich.— Ameli Gissel Navarro Lepe, esposa del activista y dirigente limonero Bernardo Bravo Manríquez, exigió que el homicidio de su esposo sea investigado bajo el enfoque de defensor de derechos humanos, al tratarse de un líder social que encabezaba la lucha por los derechos económicos y colectivos del sector limonero en el Valle de Apatzingán.
En entrevista, señaló que el proceso penal se mantiene en curso y que hasta el momento solo conoce la información que ha sido hecha pública. Confirmó que existen órdenes de aprehensión, aunque aclaró que las investigaciones continúan abiertas. “Como ciudadana, como víctima y como abogada, siempre voy a exigir justicia integral”, afirmó.
Navarro Lepe explicó que la justicia integral debe contemplar no solo sanciones penales, sino también medidas de satisfacción, reparación del daño, garantías de no repetición y el reconocimiento del contexto social en el que su esposo realizaba su labor.
Subrayó que, por ley, las personas defensoras de derechos humanos deben contar con un estándar de protección reforzada, por lo que las autoridades están obligadas a realizar una investigación con debida diligencia reforzada.
Destacó que Bernardo Bravo no solo era productor de limón, sino un activista social que defendía los derechos económicos, sociales y colectivos de los productores del campo. “Su lucha siempre fue institucional y respetuosa de las autoridades, buscaba el bienestar del gremio y el desarrollo de la región”, puntualizó.
Asimismo, sostuvo que el legado del líder limonero debe continuar. “Su voz no está apagada, su mensaje sigue vigente en la lucha de los productores del campo y de la sociedad civil”, expresó.
Finalmente, señaló que confía en las instituciones, pero reiteró que seguirá exigiendo justicia desde todos sus ámbitos: como ciudadana, como víctima, como abogada, como defensora de derechos humanos y como esposa.
