El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) advirtió que el cierre de año para los pueblos y comunidades indígenas se da en un contexto crítico marcado por ataques a la autonomía, violaciones a los derechos humanos, discriminación presupuestal y una política gubernamental que, lejos de garantizar justicia, mantiene la simulación y el discurso sin resultados reales.
En su posicionamiento público, el vocero del CSIM, Pavel Uliánov Guzmán Macario señaló que actualmente se ejecutan de manera simultánea cinco planes gubernamentales dirigidos a pueblos originarios, sin que exista hasta ahora un solo resultado tangible en territorio, infraestructura, justicia o restitución de derechos.
“En la actualidad se ejecutan cinco planes: el Plan Michoacán, el Plan Lázaro Cárdenas, el Plan de Justicia Purépecha, el Plan de Justicia del Pueblo Nahua y Afromexicano y el Plan de Justicia de los pueblos Mazahua, Otomí, Matlatzinca y Pirinda; sin embargo, a la fecha todos se han quedado en promesas, porque no hay obras de infraestructura de alto nivel ni beneficios reales para las comunidades”, afirmó.
Uliánov sostuvo que estos planes se han limitado a reproducir programas sociales ya existentes, sin atender las demandas estructurales de los pueblos originarios, como la restitución del territorio, la seguridad comunitaria y la autonomía plena. En ese sentido, fue enfático al señalar que se trata de una política de simulación.
“Lo que vemos es pura demagogia. No hay justicia territorial, no hay restitución de tierras, no hay certeza jurídica ni seguridad. Son los mismos programas de siempre, solo maquillados como planes de justicia, pero sin ningún efecto real en las comunidades indígenas”, reprochó.
El vocero del CSIM también denunció una grave discriminación presupuestal, al recordar que el presupuesto aprobado para atender a las comunidades indígenas representa apenas el 0.03 por ciento del gasto estatal, mientras otras dependencias reciben montos considerablemente mayores.
Además, acusó a los gobiernos municipales y estatales de intentar frenar el avance de los autogobiernos indígenas mediante litigios, condicionamientos fiscales y mecanismos de subordinación, pese a que la ley reconoce a las comunidades el mismo nivel de competencia que los ayuntamientos.
Finalmente, el Consejo Supremo Indígena alertó que defender el territorio y la autonomía sigue costando la libertad o la vida, en un contexto de impunidad y criminalización, y reiteró que los pueblos originarios no buscan tutelaje ni discursos, sino justicia real, presupuesto directo y respeto pleno a su libre autodeterminación.
