A un año y medio de que inició formalmente el proceso de liquidación del PRD tras la pérdida de su registro nacional, el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova denunció que no existe avance real para garantizar el pago de liquidaciones y prestaciones a los más 40 trabajadores que quedaron sin empleo.
Señaló que han buscado que el interventor designado por el INE agilice la transferencia de los recursos económicos del partido, pero el proceso sigue detenido. Afirmó que el instituto ha sido notificado por escrito para ordenar y acelerar la revisión de la plantilla y liberar los recursos, sin que hasta ahora haya respuesta efectiva.
La falta de pagos ha llevado a entre cinco y siete trabajadores a presentar demandas laborales contra el PRD nacional, el comité estatal e incluso contra el interventor. Ocampo reiteró que están en su derecho y recordó que él mismo alentó esta vía para proteger plazos y garantizar sus prestaciones.
El dirigente estimó que el monto total pendiente asciende a aproximadamente 4 millones de pesos, debido a que algunos empleados acumulan hasta dos décadas de servicio en el partido. Subrayó que su compromiso es reconocerles toda la antigüedad, ya que el interventor pretende limitarla al periodo en que fueron dados de alta en el Seguro Social.
Respecto a las quejas contra el interventor, aclaró que no dirige esfuerzos coordinados con otros estados, aunque reconoció que a nivel nacional existe una problemática generalizada en las liquidaciones. En Michoacán, dijo, han presentado tres escritos formales ante el INE.
Ocampo insistió en que la lentitud del proceso revela vacíos en la legislación y urgió a que la próxima reforma electoral contemple mecanismos claros para la liquidación de partidos políticos, pues hoy las reglas se contradicen con la legislación laboral. Recalcó además la necesidad de definir cómo se regularán los más de 200 partidos locales si desaparecen los organismos electorales estatales.
Sobre si los trabajadores podrán recibir su liquidación antes de que termine el año, fue contundente: “honestamente, no”. Señaló que el proceso continuará prolongándose y que seguirán presionando para garantizar que se respeten los derechos del personal.
