México enfrenta un problema brutal y de urgente atención política, social, ambiental y económica: mientras millones de personas padecen cortes y sequías, otros —particulares, industrias irregulares y mafias locales— roban el agua del subsuelo o de la red pública como si se tratara de un botín personal. A ese fenómeno se le ha llamado “huachicoleo del agua”, y durante años fue un secreto a voces, tolerado por gobiernos que preferían mirar hacia otro lado.
Esa época parece haber terminado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido enfrentar el problema con la misma seriedad con la que antes se combatió el robo de combustibles. Pero su estrategia va más allá de la vigilancia o de las sanciones: se trata de una política de Estado que coloca al agua en el centro del proyecto de justicia social y ambiental del nuevo gobierno.
Desde que era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, nuestra presidenta entendió que la crisis hídrica no se resuelve con discursos, sino con ciencia, planeación y ética pública. Su formación como ingeniera ambiental le permite ver el agua no sólo como un recurso natural, sino como un sistema de vida que debe gestionarse con racionalidad y equidad. Hoy, ya en la Presidencia, ha extendido esa visión al ámbito nacional: medidas coordinadas entre CONAGUA, gobiernos estatales y municipales, auditorías sobre concesiones irregulares, cierre de tomas clandestinas y un enfoque punitivo contra quienes lucran con el agua.
Pero reducir su política a un operativo sería injusto. Lo que impulsa la presidenta Sheinbaum es una reforma moral del uso del agua. Su gobierno no está cazando culpables: está recuperando la idea de que el agua pertenece a todos, y que su cuidado es un asunto de seguridad nacional. En otras palabras, está colocando el agua en el centro del debate sobre el interés público.
En tiempos donde la corrupción hídrica ha llegado a extremos de impunidad, su decisión tiene un valor político inmenso. No se trata sólo de castigar a los ladrones del agua, sino de cambiar la lógica de un país donde la riqueza privada ha crecido a costa de la sed de las mayorías. El huachicoleo del agua es la metáfora más brutal del viejo modelo neoliberal: un sistema que convirtió lo vital en negocio.
La presidenta Sheinbaum ha optado, por lo contrario: una política que defiende el derecho al agua como condición del derecho a la vida. Y hacerlo exige firmeza, pero también visión: no basta con clausurar tomas ilegales; hay que reconstruir la relación del Estado con la naturaleza y con la gente.
En la guerra justa por el agua, Claudia Sheinbaum no sólo combate el saqueo físico del líquido: enfrenta la corrupción estructural de un país acostumbrado a privatizar lo público. Y en esa batalla, quizás se esté jugando el sentido más profundo de su mandato: demostrar que el poder debe servir al pueblo, y que el agua, como la justicia, no debe privatizarse, porque es propiedad de la Nación tal como lo establece el artículo 27 constitucional.
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