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Congreso de Michoacán no aprueba ni reprueba cuentas públicas municipales 2019

Sin ninguna intervención en tribuna, el Congreso de Michoacán declaró fiscalizadas las cuentas públicas de 111 municipios del estado correspondientes al 2019, sin evaluar de manera positiva o negativa los informes entregados por las autoridades municipales y fiscalizados por la Auditoría Superior de Michoacán.

Cerca de las 8 de la noche, el pleno legislativo avaló el dictamen elaborado por la comisión de Presupuesto, en la que se consignaron un total de 834 observaciones, 944 presuntas irregularidades y 263 recomendaciones.

En el documento se precisó que se quedaron 132 auditorías de obra, financieras y de legalidad pendientes; además, se informó que no se entregaron los informes de Gabriel Zamora y Nahuatzen.

Los integrantes de la comisión legislativa, destacaron que entre “los actos, hechos u omisiones” que fueron recurrentes en las autoridades municipales, se encuentran la falta de conciliación del inventario físico de Bienes Muebles, inmuebles y Tangibles con el registro contable.

De igual forma, señalaron entre las omisiones más frecuentes, la aprobación del presupuesto de Egresos fuera de tiempo; incumplimiento en las modificaciones a la plantilla de personal y en el tabulador de sueldos, inexistencia de actas de cabildo en el que se establecen los montos para la ejecución de obra.

Además, los legisladores hicieron una serie de críticas al trabajo realizado en las auditorías de obra, al señalar que en la mayoría de los casos se emitió “únicamente un criterio genérico”, de tal manera que se redactó la misma conclusión, sin describir el resultado de cada uno.

También precisaron que de manera incongruente, el órgano fiscalizador reportó haber cumplido al 100% con los procedimientos de auditoría, cuando en los resultados no se contemplaron los resultados “de la evaluación, revisión paramétrica, de congruencia y contable, el cumplimiento de los programas anuales o multianuales”.

Sin determinar ninguna sanción, el pleno estableció un plazo de 60 días para que la Auditoría Superior rinda un informe con el resultado de los procedimientos, para determinar y aplicar las responsabilidades, así como dar seguimiento a las acciones realizadas respecto de todos y cada uno de los pliegos de observaciones derivados de las auditorías.

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