Morelia, Mich,.- Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró inelegibles a 46 candidaturas judiciales en el país y dio vista al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el presidente del Instituto Electoral del Estado (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, reconoció que la decisión sobre los casos en Michoacán que sean similares a los del orden federal está en manos de los tribunales y que cualquier inconformidad deberá resolverse mediante impugnaciones formales.
En entrevista, explicó que el IEM actuó conforme a la legislación estatal vigente, la cual permite acreditar el requisito de promedio académico con una sola materia afín al cargo, sin necesidad de un promedio general. Sin embargo, reconoció que esta interpretación es susceptible de ser revisada por la autoridad jurisdiccional.
“La ley local establece que el requisito de promedio puede cumplirse con una sola materia afín al cargo, no exige un promedio general o en todas las materias”, señaló. “Es lo que teníamos vigente al momento de resolver”.
Frente a los cuestionamientos, dejó claro que el camino para aclarar o revertir decisiones es la vía judicial, y serán los tribunales los que definan si las candidaturas cumplen o no con los requisitos establecidos.
“Si alguien considera que tal candidatura no cumple con el requisito o tiene elementos, por supuesto que lo puede plantear ante los tribunales”, indicó. “Ahí es donde se tendrán que interpretar los alcances y, en su caso, requerir información a los comités evaluadores”.
Hurtado subrayó que, a diferencia de otros procesos como los electorales legislativos o del Ejecutivo, la ley electoral local no contempla expresamente una segunda revisión de requisitos de elegibilidad tras la jornada electoral en el caso judicial, lo cual representa un vacío legal.
“No hay una atribución expresa que nos diga que una vez pasada la elección debamos revisar de nuevo los requisitos”, sostuvo. “Lo hicimos con base en una interpretación, pero es un terreno que sigue sujeto a debate”.
Finalmente, advirtió que este tipo de omisiones normativas deben corregirse para próximas elecciones, ya que situaciones como la actual donde confluyen criterios locales y federales distintos evidencian la necesidad de reformar y precisar la legislación estatal.
“Muchas veces una ley pasa sin mayor atención, pero cuando se aplica es cuando surgen los conflictos. Este caso debe servir para ajustar el marco normativo de cara a futuras elecciones”, concluyó.
