El Poder Judicial del estado se encuentra en un proceso de revisión integral sobre la asignación de bases laborales, ante la detección de posibles prácticas de nepotismo, informó la magistrada Mayra Xiomara Treviño Guízar, como parte de los ajustes derivados de la reforma judicial.
La magistrada señaló que se tienen identificadas aproximadamente 80 bases, que son revisadas para determinar los criterios bajo los cuales fueron otorgadas. Indicó que la dinámica interna del Poder Judicial ha generado que algunas personas permanezcan en interinatos durante largos periodos debido a la movilidad del personal.
“Hay personas que están cubriendo interinatos de ocho o diez años, porque la base presupuestal no está libre propiamente, sino que está siendo ocupada en otro espacio”, explicó.
Precisó que varias de las bases asignadas recientemente correspondieron a nuevos perfiles y no necesariamente a personal que ya se encontraba laborando, lo que, dijo, refuerza la necesidad de establecer reglas claras y procesos públicos que otorguen certeza al personal jurisdiccional.
En ese contexto, Treviño Guízar informó que se encuentra en construcción un reglamento de carrera judicial, cuyo objetivo es definir criterios, lineamientos y etapas claras para el ingreso, permanencia y promoción del personal, a través de convocatorias públicas y procesos transparentes.
“Estamos construyendo el reglamento de carrera judicial con la intención de que los procesos sean públicos, transparentes, que se conozcan las etapas y que quienes participen tengan la certeza de que, si acreditan, van a ser tomados en cuenta”, señaló.
Sobre el tema del nepotismo, la magistrada sostuvo que la presencia de familiares dentro del Poder Judicial no constituye por sí misma una irregularidad, siempre que el acceso a los cargos no se haya dado por razones de parentesco. Añadió que la revisión de estos casos se apoyará en la información contenida en las declaraciones patrimoniales.
Finalmente, la magistrada señaló que estos procesos buscan corregir prácticas administrativas, fortalecer la institucionalidad y generar mayor certeza en el funcionamiento del Poder Judicial, en un contexto de transformación y ajuste normativo.
