(primera parte)
Hay un cuestionamiento permanente de la sociedad hacia las autoridades, por resolver problemas denominados “urbanos”, porque se presentan en las ciudades como el congestionamiento vial, las deficiencias en el transporte público, disponibilidad de agua potable, drenaje, falta de escuelas, hospitales, mercados y muchos más, debido principalmente a que la población se incrementa mientras que los problemas se agudizan. Ante esta problemática, erróneamente los gobernantes se sienten atrapados entre dos opciones radicalmente distintas:
La primera corresponde a la PLANEACIÓN y la idea de los gobernantes de poder encauzar y definir el crecimiento y desarrollo que debería de seguir la ciudad, bajo consideraciones específicas y escenarios hipotéticos, que difícilmente se alcanzan, debido, en principio a la falta de continuidad a largo plazo, ya que cada gobernante modifica los instrumentos de planeación y, en segundo término, porque las condiciones económicas del país cambian significativamente y con frecuencia.
La segunda postura corresponde a la realización de OBRA PÚBLICA. Todo gobernante de cualquier ámbito de gobierno tiene muy arraigadas ideas sobre que “las obras perduran y no lo olvidarán”, “será el legado de su administración”, “dejará huella” y un sinfín de consideraciones que tienen que ver más con el ego y protagonismo político que, con la búsqueda de soluciones a largo plazo de los verdaderos problemas. La evidencia más clara de esto es la práctica frecuente de no dar continuidad a obras o proyecto de la anterior administración, por necesarios que sean.
La teoría señala que una vez realizada la planeación de la ciudad y planteados los escenarios posibles y deseables, se identificarán las obras necesarias y los tiempos en las que se deben desarrollar. En algunos países, cuando el gobernante asume el poder, ya tiene claro que le tocará gestionar o realizar, no es lo que se le ocurra, sino lo que le toca según la planeación a largo plazo.
Desafortunadamente en la mayoría de las ciudades en México no ocurre así, primero porque el presupuesto asignado, además, de venir etiquetado para rubros específicos como escuelas, carreteras, hospitales y demás prioridades que se definen en un contexto muy alejado del ámbito local y, por lo tanto, no solucionan nada y a los habitantes sólo nos queda cuestionarnos ¿porque mejor no invirtieron en tal o cual cosa que era más necesaria?
Además, nunca se contempla el recurso necesario para la realización de proyectos y ante la premura de los tiempos para ejercer el recurso, aparece el amigo que conoce a quien no les cobrará el proyecto a cambio de que le asignen la realización de la obra, aún más, está dispuesto a dar su respectivo “moche” si le garantizan que gana la “licitación pública”.
El constructor sabe su negocio y calcula los imprevistos, pero generalmente la solicitud de recursos para las campañas y funcionarios exceden los acuerdos, y ya con la obligación de ejecutar la obra, no les queda más que bajarle a la calidad y extenderse en los tiempos.
El final de la historia todos la conocemos, obras mal ejecutadas por al constructor se le pidió demasiado moche y ya no alcanzó para el total de la obra, o no al menos, en la calidad solicitada, pero no hay quien le exija, porque a los gobernantes se les olvidó aquello del legado y el recurso, y terminan viendo en la obra pública una opción muy atractiva de obtención de recursos. Mientras tanto muchas ciudades se caracterizan por acumular obras por ocurrencia, inconclusas e innecesarias, mientras que los problemas urbanos persisten…continuará
